Se acerca el 5 de diciembre y las empresas españolas viven en la incertidumbre. En esa fecha, las que trabajan a nivel europeo, tengan más de 250 trabajadores y una facturación superior a los 50 millones de euros deberían haber entregado una auditoría de eficiencia energética para detectar los posibles puntos de ahorro eléctrico. Así lo exige una directiva europea aprobada en 2012, aunque en España el Gobierno no ha adaptado la norma y las empresas desconocen cómo proceder.
Tal y como se explica en este artículo publicado en el periódico El País, se calcula que son unas 2.100 las compañías que se encuentran en esta incómoda situación.
Según la directiva, las empresas deben analizar el consumo de energía de sus instalaciones, así como el derivado de la producción y del transporte. Además, tienen que proponer medidas para reducir energía y sus costes.
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